Cuernavaca, Morelos.— La gobernadora Margarita González Saravia anunció este martes 10 de noviembre que su administración expropiará La Cazahuatera, un predio de casi cinco hectáreas en el oriente de Cuernavaca donde se proyectaba un desarrollo inmobiliario, con el propósito de conservarlo como área verde. La decisión llega seis días después del asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos, quien encabezaba la oposición al proyecto.
“Tomando la palabra de Gabriel, pero también de todos los ambientalistas, tomamos la decisión”, dijo la mandataria al referirse a la expropiación. Según la información difundida por el gobierno estatal, el anuncio abre un proceso administrativo en el que se definirán las condiciones jurídicas y económicas de la medida. Hasta ahora no se han dado a conocer el monto de la indemnización, los plazos ni la figura de protección que tendrá el terreno.
La Cazahuatera se ubica en la colonia Ricardo Flores Magón, en la esquina del Paseo Cuauhnáhuac y el Paso Exprés. El terreno conserva vegetación de selva baja caducifolia, uno de los pocos remanentes de este ecosistema dentro de la mancha urbana, con alrededor de 1,600 árboles nativos y fauna como cacomixtles, mapaches, ardillas y tlacuaches. Vecinos de siete colonias advirtieron desde el verano que la barranca funciona como zona de captación de lluvia para las colonias aledañas, donde el abasto de agua es intermitente.
Sobre el predio, de propiedad privada, la empresa Portenta proyectaba el desarrollo Altoverde, que según la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal contemplaba seis torres de más de 15 niveles. A finales de julio, el titular de esa dependencia, Alan Dupré Ramírez, informó que el proyecto no contaba con autorización de impacto ambiental ni con licencias de construcción, que la secretaría se había pronunciado en contra en el Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial y que el terreno tiene un uso forestal predominante en el programa de ordenamiento. Ese mismo mes recibió una solicitud respaldada por 34 organizaciones y 79 investigadores para declararlo Área Natural Protegida, un proceso que, explicó, podía tardar hasta un año y requería el acuerdo del propietario con el plan de manejo.
El conflicto llegó a los tribunales. En octubre, el Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos concedió una suspensión favorable a la inmobiliaria, que ambientalistas como Flora Guerrero Goff, de la agrupación Guardianes de los Árboles, calificaron como no definitiva.
El asesinato del regidor
Rivas Ríos, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Cuernavaca y activista con una larga trayectoria en movimientos sociales de la región, fue el integrante del Cabildo que más se opuso al proyecto. El miércoles 4 de noviembre, horas después de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa a revisar el caso, fue atacado a balazos por personas que viajaban en motocicleta mientras se encontraba en su automóvil.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al crimen dos días después en su conferencia matutina. “No hay lugar a dudas de que era un homicidio ordenado y dirigido contra él”, afirmó, y pidió al Gabinete de Seguridad apoyar a la Fiscalía General del Estado para identificar a los autores materiales e intelectuales. El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, declaró que el regidor había denunciado amenazas de un grupo delictivo y que se le asignaron escoltas de forma provisional, medida que dejó de aplicarse meses después. La empresa Portenta rechazó cualquier vínculo con el homicidio.
Hasta el lunes 9 de noviembre no se habían reportado detenciones. Ese día, integrantes del equipo del regidor y de la Asociación Cívica Gustavo Salgado pidieron que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.
En los días posteriores al asesinato, la expropiación pasó de ser una exigencia vecinal a una propuesta respaldada por distintos actores. El 6 de noviembre, Urióstegui Salgado anunció que propondría a los gobiernos estatal y federal expropiar el predio, aunque advirtió que “hoy está el tema judicializado y nosotros debemos respetar la decisión judicial”. El diputado federal Juan Ángel Flores Bustamante pidió al Ejecutivo convertir el terreno en zona natural protegida, mientras que la Asociación Cívica Gustavo Salgado entregó al Ayuntamiento una carta en la que solicita declararlo Área Natural Protegida y construir ahí el parque “Gabriel Rivas Ríos“.
El anuncio de la gobernadora no precisó si el predio recibirá ese nombre ni si se convertirá en parque público. Tampoco se ha informado cómo la expropiación se relacionará con el litigio que la inmobiliaria mantiene ante el tribunal administrativo.
